El domingo, medios de comunicación poblanos y la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad dieron a conocer la localización de la joven Guadalupe Teresa, desafortunadamente, sin vida y con signos de violencia, la veinteañera fue reportada desaparecida en Apizaco desde el pasado 16 de junio, pero la siempre deficiente procuraduría estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron la ficha tres días después.
El cuerpo de Guadalupe fue encontrado en un terreno baldío de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, y dadas las condiciones en las que se ubicó se indaga como feminicidio.
El crimen poco importó a las autoridades estatales, el domingo estaban en la pirotecnia por el cierre de un torneo de voleibol de playa. La fiesta luminosa y el éxtasis de la mandamás, junto con su séquito, contrastó con la pena que embargaba a la familia al conocer la triste noticia de su hija.
Como suele ocurrir, no hubo condolencias, este gobierno solo se conduele con la muerte de políticos y parientes de quienes están en el poder.
Lo que es aún peor, la autoridad de Tlaxcala desestimó la información, incluso presumieron una “estrecha colaboración”, pero se negaron a confirmar el hecho, cuando, en contraste, personal de la fiscalía poblana ya había proporcionado los datos a los medios de aquella región.
Solo en junio, suman tres fichas de mujeres no localizadas en Tlaxcala, uno de esos casos se trata de una joven veracruzana y su gobierno fue el primero en alertar la desaparición al emitir la ficha correspondiente en la que se detalla la ausencia de Blanca Estela Carrera desde el pasado 7 de junio cuando salió de su trabajo en un centro nocturno de San Pablo del Monte.
SIMULACIÓN
El descaro de la intromisión del ejecutivo en las tareas legislativas es de tal forma que la semana pasada enviaron al Congreso local la ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, ante la pasividad de los diputados suplentes morenistas que no atinaron a hacer nada durante el lapso que detentaron la curul ante la ausencia de los propietarios que andan en campaña.
Recordemos que, en la reforma aprobada y publicada, se establecen varios plazos fatales, uno de ellos, la creación, por parte del Congreso, de dicha norma de funcionamiento antes de que concluya junio; la nueva instancia que se supone autónoma entrará en operaciones en agosto.
La realidad es que el ejecutivo no tiene la menor intención de sacar las manos de la procuración de justicia, por el contrario, han reforzado su injerencia desde aquella determinación de imponer a una nueva subprocuradora, la elaboración de la iniciativa de reforma para crear la Fiscalía enviada para presentarla el diputado cuñado de la mandamás, y ahora con la elaboración de la ley orgánica.
La lista de pendientes sigue, el ejecutivo también debe mandar la terna para nombrar a la nueva fiscal carnala, y seguramente ellos serán los encargados de hacer los exámenes de oposición y capacitarlos, también, en un acto más de imposición de su poder. Recientemente presumieron que les construyen nuevas instalaciones, como si se tratara de una graciosa concesión, más que una obligación gubernamental de fortalecer la infraestructura, es claro, con esto y más cosas, que la Fiscalía y la Procuraduría serán exactamente lo mismo.
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