Un juego perverso realiza la procuraduría de Cuéllar, próxima a mudar de nombre, para minimizar la desaparición de mujeres y hombres, al difundir como logros la localización de algunos casos atribuyendo su ausencia a “problemas familiares”, algo así, como berrinches que terminan con la huida de los hogares.
Es una actitud institucional perversa con tal de esconder delitos como el de trata de personas, violencia, amenazas, explotación humana o abusos, es lo mismo que pretenden hacer en algunos casos de homicidios, han llegado al extremo de filtrar a sus medios alcahuetes, que supuestamente son crímenes pasionales o suicidios.
Es el caso de Blanca Estela Carrera, joven oriunda de Orizaba, Veracruz, de quien existe una ficha activa por desaparición ocurrida el pasado 7 de junio cuando no volvió a su hogar tras salir de laborar en un centro nocturno ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, colindante con la ciudad de Puebla.
Sobre este asunto, la semana pasada se trasladaron a Tlaxcala sus familiares directos, trajeron incluso a los dos pequeños hijos de la joven, se presentaron ante la Procuraduría estatal para que les rindieran un informe de la situación que guarda la carpeta de investigación y descubrieron que el estado “aliado de las mujeres”, no ha hecho nada, lo peor, de nuevo en su actitud perversa, emitieron un comunicado de prensa donde aseguran que “investigan” el caso, todas las semanas anteriores no les ameritó el más mínimo comentario el asunto que trascendió a los estados de Veracruz y Puebla.
Pero lo más grave, es que, en entrevista con María Guadalupe, hermana de Blanca Estela, me reveló que el mismo día que desapareció recibió llamadas amenazantes, donde un supuesto grupo delictivo se atribuyó el plagio, no solo eso, mando fotos y le exigió a la familia no solicitar la ficha de búsqueda y abstenerse de promover acciones legales, todo ello a cambio de mantener la integridad de la veracruzana.
Ahí no acaba el asunto, también me dijo que una vez que el hijo mayor de Blanca, un pequeño de apenas 9 años, auxiliado por quien lo cuidaba, se comunicó con su familia para reportar que su mamá no regresó de trabajar, viajaron desde Orizaba para acudir a la procuraduría a denunciar la desaparición.
Ante la autoridad, expuso que habían recibido llamadas de amenazas donde aseguraban tenerla cautiva y la autoridad -dijo- se negó en ese momento a tomarles declaración e iniciar la carpeta respectiva, les pidieron esperar 72 horas.
Aún peor, María Guadalupe puso al descubierto que al mencionar el lugar donde labora su hermana y el nombre del supuesto grupo delictivo que les llamó, la autoridad se puso nerviosa y evadió el tema reiterando que tenían que esperar tres días para que se emitiera la ficha de búsqueda.
En los hechos, hasta el 18 de julio que se presentaron ante la PGJE, no la habían buscado, como en todos los casos, el gobierno se limita a difundir en redes sociales las señas particulares de la ausente, y después, hacer boletines de aquellas y aquellos que regresan por su propia voluntad al hogar, pero qué hay de las personas sustraídas como esta familia denuncia que ocurrió. Así la Nueva Historia, ¡bien triste!
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