La Simi Fiscalía y el ejecutivo estatal no tienen perdón de dios, recordemos que la gobernadora ha apelado a la divinidad para decir que no hay delitos como la trata en Tlaxcala.
Resulta que condicionaron a la familia de la joven veracruzana Blanca Estela, a “firmarles” un agradecimiento por haberla localizada, por cierto, sin vida, y, quien, según su hermana, fue levantada y privada de su libertad al salir de su trabajo en un centro nocturno de San Pablo del Monte.
Guadalupe Carrera, quien gracias a su valentía hemos podido conocer lo turbio de este caso, ha expuesto desde la negativa de la Procuraduría estatal de Ernestina a iniciar una carpeta de investigación por privación ilegal de su libertad, hasta ahora, el descaro de suscribir un documento aplaudiéndoles, recordemos, que los restos de la joven fueron ubicados gracias a colectivas y personas que reportaron el hallazgo, más no por una indagatoria de la Fiscalía de Ernestina.
Por cierto, para precisar y ante la “preocupación” por “aclarar” la responsabilidad de la fiscalía en la entrega del recurso, la molestia radica en la falta de actuación del MP para corroborar el cumplimiento del apoyo y la exigencia del citado agradecimiento por parte de la Comisión de Atención a Víctimas.
Por medio de un video subido a redes sociales, expuso también a la administración de Cuéllar de no entregarles apoyos económicos que por derecho les corresponden, como parte del fondo de atención a víctimas del delito, y que ocuparían para cubrir gastos elementales como el traslado del cuerpo de Blanca a su natal Orizaba y el pago de los funerales, ni en eso se tentaron el corazón.
DESCARO
En eso de ser descarados, el área de comunicación del gobierno de Cuéllar difundió información oficial, cual voceros, de la supuestamente autónoma Fiscalía General de Justicia, fue para presumir una sentencia “histórica” por el feminicidio de una adolescente de 14 años de edad ocurrido en el año 2021.
Pena les debería dar que a costa de la familia que sufre por el crimen de su casi niña, la administración estatal presuma “trabajo”, cuando son incapaces de prevenir los delitos, para muestra, siete homicidios en cinco días, entre ellas, cuatro ejecutados y maniatados abandonados en un camino de Tenancingo, un feminicidio en Tetla y un empleado asesinado en el centro nocturno consentido por la clase gobernante de Tlaxcala y ubicado frente a la estación de bomberos estatal.
De regreso al caso del comunicado difundido por el ejecutivo, simplemente nos confirma que la fiscal carnala está sometida a la gobernadora, los directivos, ministerios públicos y fiscales especiales, impuestos por ella, siguen plácidamente en sus lugares cumpliendo órdenes enviadas desde el despacho mayor de Plaza de la Constitución, y la difusión oficial sometida a los caprichos propagandísticos de una política hipócrita en comunicación.
