El gobierno de la triste historia, mantiene la política de la avestruz, esa de esconder la cabeza ante los hechos que preocupan a los tlaxcaltecas, y lo que más preocupa es la inseguridad, no lo digo yo, lo dicen todas las Encuestas que se levantan para conocer desde la opinión y calificación que se le da a la administración de Cuéllar, hasta aquellas especializadas que están enfocadas a conocer la percepción de seguridad, como las del INEGI.
Para muestra de lo anterior, la semana pasada, el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal reveló que el empresario Roberto N, fue secuestrado en una taquería y asesinado en Tlaxcala, y su cuerpo fue encontrado sin vida en la localidad de Xoxtla, Puebla, por tanto, es la fiscal Ernestina Carro la que tendrá que dar cuenta de los avances de la investigación, y esclarecer el delito.
Sin embargo, en la fiscalía general de Tlaxcala se mantiene el silencio sepulcral sobre este asunto, no hay mayor información; lo mismo ocurre con el Caso del empresario, Ángel N, ejecutado en Apetatitlán, y del cual, según la gobernadora Cuéllar: “se sabe todo” sobre el homicidio, según su declaración, dijo que con toda certeza conocen quién, dónde vive, y “muchas cosas más” del autor material, sin embargo, a ciencia cierta se ignora la veracidad de su declaración, el asunto es que supondríamos que la fiscalía autónoma es la que tendría que estar informando y dando detalles a la opinión pública, no la mandataria Estatal.
Y genera suspicacia, porque de manera oficial nunca se dieron a conocer las posibles causas que motivaron el crimen como, menos, las líneas de investigación, es más siquiera fotografías, o el seguimiento que sirviera para identificar a los responsables, pero más allá, que el C5o permitiera ser utilizado como herramienta para la detención inmediata de los delincuentes.
La política del avestruz también incluye esconder la cabeza para admitir que, desgraciadamente, el gobierno estatal, los municipios e incluso el refuerzo Federal, que incluye Marinos y Guardia Nacional, han sido rebasados por completo, y basta revisar los constantes homicidios, los levantones, e incluso todos aquellos delitos que no ve, que no escucha, o mejor dicho: que no quiere ver y escuchar el gobierno, pero que se cuentan por cientos cada semana y que incluyen atracos violentos, robos en domicilios a transeúntes, comensales o automovilistas, hurtos a cuentahabientes y negocios, riñas, linchamientos e intentos del hinchamiento, robo a transporte, en fin es una larga lista que se oculta.
En lugar de ponerse a redoblar esfuerzos, piensan que propagandeando eso del “estado más seguro” los delincuentes se van a inhibir, en los hechos es claro que les da lo mismo ser vigilados con chorrocientas mil cámaras, porque en los hechos saben que las corporaciones policíacas son de risa, nunca están presentes para inhibir el delito, menos hay estrategia para frustrar atracos, y tampoco sirven para capturar en minutos a los criminales.
A colación de la política del avestruz, un caso más, se conoció de la detención, otra vez, de policías estatales implicados en extorsión a ciudadanos, de esto tampoco el gobierno de Cuéllar y la fiscalía de Ernestina rindieron cuentas ante la opinión pública.
DE CUELLO BLANCO
La semana pasada, el congreso local recibió los informes de las revisiones a ex autoridades correspondientes al primer semestre de este año de donde salió a relucir que al menos una veintena tienen sus cuentas públicas reprobadas y el quebranto asciende a casi 200 millones de pesos de forma global.
También el auditor superior reveló que existen al menos 150 denuncias penales contra ex autoridades y servidores públicos por malversación de recursos públicos de ejercicios fiscales anteriores al año 2024, de todo lo que le digo lo más curioso es que solamente dos expresidentes municipales se encuentran en prisión y no hay un centavo partido por la mitad que se haya reintegrado a las arcas públicas.
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