La confesión está en múltiples videos que circulan en redes sociales y, por ello, la fiscal Ernestina tendría que abrir una carpeta de investigación, lo mismo la Fiscalía General de la República, luego de que la alcaldesa de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce, dijo que hay personas “involucradas con el crimen organizado” en el ayuntamiento, y que es víctima de “chantajes”.
Sus palabras pronunciadas el pasado 8 de noviembre, en el marco de una acalorada reunión con un grupo político, no son menores, las acusaciones son sumamente graves ya que, contrario a la triste historia que gobierna, admitió la presencia de grupos organizados, no solo eso, sino que están incrustados en el gobierno donde gozan de impunidad para operar.
La presidenta municipal, y así está grabado, dijo que esos supuestos delincuentes intercedieron a favor de delincuentes dedicados al robo de transporte, dudamos que haya interpuesto denuncias contra esos individuos y, de ser así, estaríamos ante un claro hecho de complicidad por omisión.
Ahí no acaba, en esa misma reunión con el grupo que, dicho por ella, la impuso como candidata, hizo público que es chantajeada para meter en la nómina y puestos directivos a personas que carecen de perfil e incluso no trabajan, de eso también tendría que formalizar una denuncia penal.
Y si pensaba que ya era bastante lo anterior, aún hay más, la alcaldesa Arce, como si fuera consuelo, dijo que en San Pablo del Monte “solamente van a tirar cuerpos sin vida”, por cierto, algunos desmembrados y otros son calcinados ahí con todo y autos, ¡vaya cosa!, olvida que sí, y está documentado, linchan, son complacientes con la trata, han baleado domicilios y desaparecido mujeres que después aparecen sin vida, como en la trágica historia de la veracruzana Blanca Estela donde está implicado y detenido un ex funcionario municipal.
LO DICHO
Tómelo con reserva, aunque no tanto, nos enteramos que tras la extinción del Instituto de Robar Más al Pueblo no van a regresar lo que se embolsaron de forma ilegal, sino que, por el contrario, el que cobró como titular será impuesto como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura.
No solo se trató de robarle al erario utilizando al “pueblo”, sino que ahora lo enviarán a un lugar que también está condenado a desaparecer, se supone que eso ocurrirá a mediados del próximo año por la reforma judicial.
Así Miguelon se convertirá en uno más de los becados por la triste historia, en la Segob no dio resultados, por el contrario, desde ahí engañó a periodistas y defensores de derechos humanos con aquella iniciativa para supuestamente recabar sus propuestas y crear la ley que los defendería, se fue y a la fecha que no hay nada.
En el Instituto de Robar Más al Pueblo, no hubo un solo resultado, es más, ni un informe de: en qué ocuparon los 7 millones de su presupuesto anuales, y es que los casi 11 millones restante fueron para sueldos. Ahora en la judicatura gozará del erario un semestre más. Es por estos casos donde a veces creo que está bien la limpia, aunque paguen justos por pecadores.
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