Por Edgardo Cabrera
Hace un año y cual mala broma, el 14 de febrero apareció en el Periódico Oficial del gobierno estatal la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana que dotó a la gobernadora Cuéllar, a su esposo, concubino e hijas, del “Servicio Público de Escolta para su seguridad”, vale decir, en ‘el estado más seguro’ según su propio discurso.
Recordemos que se trató de una iniciativa enviada por ella con carácter “preferente” y fue aprobada por unanimidad en el Congreso, sin moverle ni una coma, el 1 de febrero, para el 9 de ese mismo mes se publicó en el Periódico Oficial, pero hasta el día 14, el del amor y la amistad, se hizo visible finalmente en el sitio web oficial y ahí conocimos el regalo amoroso a la parentela.
Y ya tenían su plan, porque apalabraron con base en esa nueva ley la compra de una decena de camionetas blindadas, finalmente las compraron sin licitar, no olvidemos, 56.2 millones de pesos, y con ello se ampara el uso de escoltas y unidades para las hijas, el esposo o concubino, aunque nada dice de nietas o hermanas, pero bueno.
El artículo 73 les da ese “derecho”, además, sin realizar ningún trámite especial para su otorgamiento, y ahí no acaba el regalo amoroso de esa reforma, sino que después de que dejen el cargo podrán seguir gozando de las blindadas y de los escoltas. Plan con maña.
Además de ella, la misma Ley de Seguridad les da ese “derecho”, reitero, en el estado más seguro, a cualquier servidor público y ex servidor del Poder Ejecutivo y del Judicial, siempre y cuando lo tramiten y se los avale el “Comité de Autorización de Escoltas” que ignoramos quiénes lo conforman. Sin trámite especial, acceden de forma directa a la protección quienes realizan actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia, o quienes, en razón de los servicios prestados en materia de Seguridad Ciudadana o en la Secretaría de Gobierno, estos últimos, también por un lapso similar al que ocuparon el cargo cuando salgan del puesto.
CONTROL TOTAL
Con la novedad que el lunes los notarios de Tlaxcala recibieron un revés por parte del gobierno de la triste historia, luego de que fueron citados los 25 de forma urgente por la gobernadora Cuéllar, pero atendidos por su ahijado y secretario de Gobierno, donde les leyeron la cartilla, removieron a la recién designada como Presidenta del Consejo de Notarios e impusieron a un incondicional, Martín Macías quien era, por cierto, el saliente, es decir, lo reeligieron, algo que detesta la presidenta Sheinbaum.
Fue el periodista Roberto Nava quien reveló en su portal Ahora Infórmate el documento de citación, pero también, detalles de esa reunión privada donde les dejaron en claro quién manda y les valió sorbete que una amplia mayoría, 18, votaran en enero a favor de una nueva presidenta, con A, y solo cinco, incluido el espurio, votaron por su permanencia.
Y para que no se vuelvan a salir del huacal, este jueves la Jornada de Oriente develó que la gobernadora Cuéllar mando una iniciativa al Congreso local con la que pretende que se sancione hasta con 12 años de cárcel, a la persona que ejerza funciones notariales sin tener el reconocimiento legal, no solo eso, mayores controles de la fe notarial y procedimientos para revocar el cargo quienes incumplan con sus obligaciones y funciones, así o más autoritario la administración lorenista que evidencia así su apresurado otoño.
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