Por Edgardo Cabrera
La fiscalía oaxaqueña se lavó las manos en torno al caso de los jóvenes tlaxcaltecas hallados sin vida en territorio poblano luego de ser reportados desaparecidos en Huatulco; su titular, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que los ejecutaron por un “ajuste de cuentas entre células delictivas” y, sin mayores pruebas ni precisión de los datos, aseguró que “algunos” se dedicaban al robo.
En la misma sintonía estuvo la declaración del secretario de Seguridad Ciudadana de aquella entidad, Iván García, quien criminalizó a todos, sin aportar mayores detalles.
El asunto es complejo, nada simple, ya que impacta a las tres entidades implicadas en el caso, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, y cuyas instituciones están urgidas por deslindarse de toda responsabilidad, sin importar embarrar a quienes no tenían nada que ver con las actividades delictivas de “algunos”, reitero, basados en lo informado por el fiscal Bernardo Rodríguez quien, por cierto, dijo que eran cinco las víctimas mortales.
Ahora bien, en este verdadero galimatías en el que se han convertido la masacre, el diario español El País, publicó el miércoles una amplia investigación de donde se desprende que no fueron cinco los ejecutados, sino nueve, todos de Tlaxcala. La periodista Beatriz Guillén aporta nombres y apellidos, pero aún más, devela que en uno de los casos, el de la joven Jacqueline, sus padres reportaron que fue víctima de secuestro, y el de Lesly, identificada como deportista, no criminal, tal como las autoridades oaxaqueñas la clasificó al meter a todos en el mismo costal.
Y la cosa se les complica más a los gobiernos de todas las entidades cuando escarvan, por eso las declaraciones a medias, ya que de la misma investigación periodística de El País, se expone la presencia de un grupo que opera a sus anchas en la costa oaxaqueña, al parecer, en complicidad con las autoridades, por lo que de plano califican a la zona como un “reino del narco”, de ahí su titular: “La ley del narco ejecuta en el paraíso”, al referirse a la masacre.
En el caso de Tlaxcala, la fiscal Ernestina Carro, a diferencia de sus pares de Oaxaca y Puebla, es la única que no ha dado la cara a los medios de comunicación para enfrentar los cuestionamientos, uno de ellos: ¿existían antecedentes delincuenciales de los jóvenes?, y de ser así, por qué no los detuvieron, y cuántos de ellos estaban inmersos en el robo a cajeros, robo a centros comerciales, y robo a cuentahabientes como develaron los oaxaqueños.
También, ahora se sabe, hubo dos sobrevientes, una joven rescatada en Puebla y cuya declaración puso el dedo a la policía municipal de Huatulco en el levantón del grupo, y un varón que además se encuentra en calidad de detenido.
En suma, hablamos de once personas, no siete, tampoco cinco o nueve, y esos números exhiben la falta de seriedad de las fiscalías para rendir un informe en conjunto que den la película completa.
SEGUNDA
El sábado estuvo en Tlaxcala la presidenta Claudia Sheinbaum para inaugurar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en San Hipólito Chimalpa, un proyecto iniciado desde el sexenio del priísta Mariano González, lo continuó Marco Mena, y concluyó Lorena Cuéllar.
Más allá de los regateos políticos, mezquindad o pirotecnia, parece que ahora sí, desde la llegada de la presidenta Sheinbaum, se intensifican acciones para sanear el Alto Atoyac, uno de los ríos más contaminados del país y causante de miles de muertes y enfermos, y que no se olvide, los millones invertidos son del erario, no dinero de la bolsa de Morena o el PRI en su momento.
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