Por Edgardo Cabrera
Como en el antiguo régimen, ese del que tanto se quejan aunque de ahí proviene la mayoría, Morena frenó en la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado la petición para que el gobierno del estado de Tlaxcala explicara de forma pormenorizada la necesidad de adquirir 10 camionetas blindadas con un costo superior a 56 millones de pesos.
La iniciativa impulsada por la senadora priista Anabell Ávalos buscaba conocer quiénes son los usuarios de las unidades y cómo se garantizaría que estos vehículos oficiales no se utilicen con fines personales, por cierto, decía la propuesta, “con todo respeto”.
Pues, aunque la esencia era una petición de información pública, vía un “respetuoso” exhorto en el que se incluyó la demanda de una justificación para gastar tan enorme cantidad de recursos públicos, 56 millones de pesos, en plena “austeridad republicana”, los senadores morenistas integrantes de la Comisión Anticorrupción votaron en contra bajo el pretexto de que sus gobiernos y gobernadoras no abusan del poder y no son iguales a los de antes.
Penosamente, redujeron el cuestionamiento a un asunto político sustentado con notas periodísticas, vale decir, como si eso fuera malo, las pruebas ahí están sustentadas con imágenes, videos y una contestación a una solicitud de información donde el propio gobierno develó la adquisición, sin licitación, de las “blindadas del bienestar”, fue un gasto de 56 millones de pesos para una sola empresa beneficiada por el jugoso contrato.
A colación, las camionetas siguen sin ser vistas por Tlaxcala, recordemos que varias fueron regresadas para ser reparadas porque se les “vencieron” las puertas por el peso del blindaje y el mal trabajo de equipamiento, pero otras seguían circulando, ¿será que se fueron de vacaciones?
PERMITIDO PROHIBIR
Al Congreso local llegó el tema de la prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas del nivel básico de Tlaxcala, iniciativa, por cierto, concebida en el gobierno panista de Querétaro y que entró en vigor en febrero pasado.
Fue la diputada morenista Anel Martínez quien concibió la propuesta, se ignora si se fue por la libre en su bancada pero lo corroboraremos si es que avanza o termina en el baúl de los congelados recuerdos.
La iniciativa no la veo mal, siempre y cuando sea específica en cuanto a su objetivo y no se vulneren las libertades, no hay que perder de vista que el mal uso de la tecnología ha derivado en acoso cibernético, atentados contra el derecho a una vida libre de violencia o la intimidad, ahora bien, en el terreno pedagógico, el uso de celulares o tabletas implican una distracción en horas clase tanto para los alumnos como a los docentes.
En el extremo contrario están la necesidad de que un padre de familia puede estar en constante comunicación con su hija o hijo ante el clima de inseguridad, además de que puedan localizarlos y seguir sus movimientos. La propuesta no es mala y debe llevarse a un análisis serio y profundo.
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