Las dos recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la procuradora Ernestina Carro, y la Carabina de Ambrosio, son lo mismo, y es que resulta que la dependencia estatal no había aceptado hasta el domingo ninguna a pesar de que los hechos son contundentes y las omisiones están a la vista de todos.
Fue por medio de un escueto comunicado de prensa mediante el que aseguraron reconocer la violación a la integridad humana, sin embargo, ni enlista los dos casos y menos ofrecen una disculpa pública, aseguran que “aplican las sanciones administrativas correspondientes”, solamente ellos saben cuáles, pero no hablan nada de la responsabilidad penal que les debía generar a los implicados.
La primera recomendación fue emitida desde el pasado 29 de mayo derivado del fallecimiento de una persona encarcelada en los separos municipales de Xaltocan el pasado 17 de julio del año 2022, de ese incidente, la perito de la PGJE determinó una muerte “no violenta”, y no fue hasta el enardecimiento de la población, recordemos incluso la quema de una patrulla y de la dirección de Seguridad Pública Municipal, que se revisó el caso.
La víctima fue detenida en estado etílico y, según la versión de los policías municipales, reforzada por la perito de la PGJE, falleció al interior por una “congestión alcohólica”, sin embargo, de la indagatoria y los testimonios recogidos por la CEDH se comprobó el uso de la fuerza extrema en la detención que incluyó una brutal golpiza en el lugar de su captura que fue atestiguada por vecinos, misma que prosiguió en las propias instalaciones de la policía municipal.
¿En dónde estuvo la causa “no violenta” de la que habló la empleada estatal?
TORTURA
La segunda recomendación se deriva del caso de tortura que derivó en la muerte de una persona a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado pretendía responsabilizar de la desaparición de la joven huamantleca Ana Laura, caso que, por cierto, tampoco ha podido ser resuelto por la dependencia estatal, recordemos que fue ubicado el cuerpo sin vida de la mujer por pobladores.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acreditó la mala actuación de seis servidores públicos y se determinó como víctimas indirectas la esposa, la madre y el padre del joven que primero ingresó al hospital con muerte cerebral y posteriormente perdió la vida ante la gravedad de las lesiones que le propinaron los policías de investigación.
Sobre este grave incidente registrado en abril del año pasado, solamente un elemento fue detenido y se encuentra recluido, al resto, inexplicablemente se les concedieron permisos para ausentarse de sus labores.
La recomendación dirigida a Ernestina Carro es por la violación a derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la vida, a la integridad y seguridad personal a consecuencia de actos de tortura inferidos para obtener información o confesión a partir de sufrimientos graves físicos.
Desde hace más de un mes que fue emitida la del caso de Xaltocan y esta relativa a la tortura, pronunciada la semana pasada, pareciera que las autoridades estatales le apuestan al olvido o a la escueta información de su comunicado del domingo, y es que con ambos casos están dadas las condiciones para incluso plantear cambios en la PGJE ante la comprobada violación a los derechos humanos, las omisiones y la ilegalidad con la que actúan.
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