De nueva cuenta la realidad le da una bofetada a la Triste Historia que gobierna, resulta que eso de la entidad más segura solamente es un vil y vulgar discurso. Organizaciones locales y nacionales documentan la falsedad y manipulación de datos, un nuevo informe reveló que en solo nueve meses de este año se cometieron 94 delitos atroces, es decir, aquellos donde prevaleció el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo.
En esta entidad que gobierna Morena a ocho personas las mataron y calcinaron, torturaron a 19, violaron a 14, sumaron una decena de feminicidios, 3 linchamientos consumados y 4 personas descuartizados; ahí no acaba la desgracia, fueron documentados dos asesinatos de funcionarios o actores de relevancia en materia de seguridad; dos casos de violencia contra migrantes; seis actos de violencia contra la autoridad; y dos fosas clandestinas.
El registro lo lleva la organización civil ‘Causa en Común’ que encabeza María Elena Morera a través de su informe denominado ‘Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto’, los datos para Tlaxcala, 94 reitero, nos dejan lejos de Querétaro donde se registraron entre enero y septiembre 22 hechos; Durango, 24; Campeche, 25; Aguascalientes, 29; y Coahuila, 32.
Tlaxcala está por encima incluso de Hidalgo que registró 80, Nayarit 78, Tamaulipas 78 y Yucatán 56, a qué le llaman el secretario Marrufo y su jefa “resultados” y un exitoso plan de acción, ¿al maquillaje y ocultamiento de cifras?, ¡seguro que sí!
LEGISLACIÓN SIMULADORA
Aunque usted no lo crea, el Registro Estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y la Carabina de Ambrosio son lo mismo, es una trampa que fácilmente evadirán quienes se encuentren ahí inscritos y quieran ser candidatos para el 2024.
Resulta que el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género se persigue y sanciona de forma distinta a la infracción administrativa. Para ser claros, no es lo mismo que el Ministerio Público investigue y persiga el delito, y que un juez lo condene, a que la autoridad electoral local y federal lo sancione “administrativamente” con un regaño que se traduce en la inscripción en el mentado registro.
Especialistas en derecho electoral advierten así que el requisito de inelegibilidad previsto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, solamente aplicaría cuando una persona sea sentenciada, mediante sentencia firme y ejecutoriada por el delito de violencia de género, no así por la falta administrativa prevista en la norma electoral.
Con ello como antecedente, ¿qué creen?: veremos como suspirantes, aspirantes, candidatos y hasta autoridades electas a personajes que públicamente fueron expuesto como violentadores por los organismos electorales, a la mente se me viene el caso del ex alcalde de Chiautempan.
Recordemos que en julio pasado el Tribunal Electoral de Tlaxcala presumió una resolución mediante la cual Héctor Domínguez fue condenado por violencia política en razón de género, incluso dijeron que fue el primer servidor público registrado por violencia de género a nivel nacional, junto con su exsecretario Nicolás Gutiérrez, quien se promueve para gobernar este municipio, pues con todo y todo, los señores pueden seguir con sus aspiraciones, así la norma simuladora.
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