Por Edgardo Cabrera
El 5 de septiembre del año 2022 el joven Pedro Francisco fue detenido en Guanajuato y trasladado a Tlaxcala acusado de su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona en Huamantla, desde el principio sus abogados, familia, amigos, congresistas de aquella entidad, hasta la Iglesia y el gobernador lo defendieron porque simplemente no había circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo incriminaran, aun así, la procuraduría de Ernestina se empecinó en meterlo a la cárcel.
Este caso le dimos seguimiento desde un principio, entrevistamos a su angustiada madre, a sus abogados e incluso a un párroco que narró el comportamiento del joven, su historia y, lo más importante, que el día y hora de los hechos se encontraba laborando y de ello dieron cuenta sus jefes y amigos.
No hubo poder humano que cambiaran la determinación del Ministerio Público que pidió su aprehensión y que fuera vinculado a proceso, cuál era su única prueba, una copia fotostática de un testimonio “no encontrado”, quien lo señaló, nunca compareció ante la autoridad, tan irregular y montado estaba el caso que en junio pasado el juicio fue declarado nulo y la noche del miércoles 11 de septiembre salió libre.
Este asunto no merece solamente una disculpa pública del gobierno del estado de Tlaxcala y de la actual fiscal, que es la misma procuradora que solapó el mal trabajo de su Ministerio Público que le jodió 2 años de su vida a Pedro Francisco, tendrían que fincarle responsabilidad a todos los servidores públicos que hicieron mal su trabajo y que, por lo visto, fabricaron pruebas.
Ahí no acaba el tema, el responsable o responsables del homicidio ocurrido en Huamantla, por el cual procesaron al joven de Guanajuato, están libres, siempre lo estuvieron, es un caso no esclarecido y de ello también debe haber responsabilidad. La fiscal Ernestina Carro tiene la posibilidad de corregir, sancionar y dar justicia para todos, ¿lo hará?, o seguirán culpando a los medios y a inocentes con tal de simular la procuración de justicia en Tlaxcala, que luego no se quejen por los linchamientos y que nuestra entidad sea la que mayor número de intentos reporta a nivel nacional.
IGNORADO
El senador Álvarez Lima fue ignorado por sus correligionarios, por parte de la oposición no hay sorpresa, porqué le tendrían que hacer caso, pero sus compañeros cuatroteístas no pelaron al ex gobernador que en su administración impuso un candado legal para evitar que Tlaxcala adquiriera deuda pública.
Ello le valió el reconocimiento, 25 años después, del presidente López Obrador que en una visita a la entidad aplaudió que fuera el único estado del país que no tiene deuda.
Pues ello le valió sorbete a la gobernadora Cuéllar que ordenó a su legislatura local tirar al caño el candado del senador Álvarez Lima y este 12 de septiembre quedó establecido que los ayuntamientos podrán hacerlo, aun con el antecedente que son ellos los que mayores anomalías presentan en la ejecución de los recursos públicos, no olvidemos las propias palabras de la mandamás tras congratularse por la detención del cachorro de Zacatelco y después de Eymard el de Panotla.
Así de incongruentes, no cabe duda.
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