Desde que se empecinaron en crearlo hubo voces que les advirtieron de la ilegalidad en que incurrirían, sin embargo, pudo más su ambición que la razón, y luego de que en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el funcionamiento del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, no le quedó de otra a la gobernadora Cuéllar que recular, claro, sin aceptar la violación y, por el contrario, justificar la extinción por “austeridad” y para crear la Secretaría de la Mujer.
Antes de que concluya el año deberá ser abrogada la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio que dio vida al bodrio donde impusieron a Miguel Sánchez como titular, por cierto, frustrado aspirante a magistrado y quien, nos cuentan, fue el de la “genial” idea de crearlo cuando cobraba como segundo al mando en la Secretaría de Gobierno.
Pero el daño ya está hecho al erario, le asignaron 18 millones de pesos de presupuesto para operar este año, y aunque desde mayo el poder judicial de la federación resolvió la inconstitucionalidad de la ley estatal y, por tanto, del instituto, se empecinaron en mantenerlo operando ilegalmente y devengando recursos.
Debe haber responsabilidad, porque, ahora sí, ¿quién van a devolver al pueblo de Tlaxcala lo robado?, esos millones bien pudieron ocuparse en seguridad, bienestar social, qué se yo.
Ahí no acaba el asunto, el titular cobra religiosamente casi 78 mil pesos mensuales por nada, reitero, cualquier acción que emprendieran está fuera de norma y de ley. Con documento en mano, en el desglose de percepciones, Miguel Sánchez se presupuestó 36 mil pesos de sueldo y 34 mil pesos de compensación (es el único de los empleados con dicha canonjía), más despensa, más “incentivo al ahorro”. Anualmente, se tiraron a la basura casi 1 millón 100 mil pesos.
Si eso no es desvío de recursos, entonces qué es, y la misma suerte corre el resto de la plantilla, así como los gastos que causaron un agravio al erario.
Por cierto, la controversia 79/2023 mediante la que la SCJN resolvió las violaciones constitucionales, fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no fueron los adversarios políticos, como ahora le quieren vender el cuento a la gobernadora Cuéllar.
DESINFORMACIÓN
Ya lo habíamos explicado pero al gobierno de la Triste Historia le sigue importando un rábano acudir a Calpulalpan a explicar la concesión a 30 años para construir y explotar un libramiento que autorizó el Congreso del estado en abril pasado a iniciativa del Ejecutivo.
No existe proyecto, tampoco compra de terrenos y menos inversionistas interesados, todo se trata de una ocurrencia más de otro de los “sesudos” asesores de la mandataria que le vendieron la idea de construir una carretera de cuota en donde ya existe un proyecto que data del sexenio de Calderón cuando se compraron terrenos y se trazó la ruta, algo que ignoran los “genios”.
Ante la desinformación, el lunes de nueva cuenta un grupo de habitantes acudió al Congreso para reactivar sus manifestaciones, incluso dijeron contar con más de 10 mil firmas de apoyo para rechazar un proyecto inexistente, y sin considerar el que ya data de años atrás, no cabe duda, es todo un enredo causado por la Triste Historia.
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