Lo que no ha hecho el gobierno de Tlaxcala y que es denunciado por ambientalistas, entre ellos el Centro Fray Julián Garcés, parece que sí lo hará la federación, al menos ese fue el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se trata de la grave contaminación de la cuenca del Alto Atoyac, que recorre los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, siendo nuestra la entidad la que el mayor número de municipios y habitantes impacta directamente.
No olvidemos que en tres años la Triste Historia no ha querido entrarle al tema, con todo y que existen diagnósticos que revelan la presencia de al menos 150 sustancias tóxicas y mortales, entre ellas arsénico, que cobran la vida de una persona cada dos horas y media en Tlaxcala
Pero aquí el gobierno prefirió poner jardines adentro del río Zahuapan (a su paso por la ciudad capital), y hasta construir terrazas y juegos recreativos en la zona aledaña. Priorizar la estética sobre lo medioambiental fue cuestionado por el mismo Fray Julián y su representante, Alejandra Méndez Serrano, que denunció que el afluente está igual que hace 13 años, y a siete años de la emisión de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emprender acciones urgentes, lo que prevalece es la omisión y simulación.
De ahí que el que aparezca en el radar de prioridades de Sheinbaum resulta interesante, sobre todo porque admitió que son las descargas industriales las principales causantes del foco de enfermedades en la población, lo que aquí se ha ocultado. Por cierto, la presidenta de la república habló de trabajo conjunto con los dos gobernadores de Puebla, el constitucional y el electo, así como con Hidalgo y Estado de México, de la gobernadora Cuéllar no dijo nada.
SILENCIO Y OPACIDAD
Preocupante es la nueva política emprendida en la Fiscalía General de Justicia: la del silencio cómplice, la opacidad y el desdén a los tlaxcaltecas.
Resulta que la semana pasada se develó la grave omisión de Ernestina Carro para crear el reglamento interior, lo cual no fue un rumor, trascendido o chisme, se trató de una acción legal que llegó hasta el Poder Judicial de Tlaxcala donde también guardaron silencio.
Ahí no acaba el asunto, el director de publicaciones oficiales confirmó la inexistencia de archivo físico o digital del reglamento en cuestión, la omisión se dio desde octubre pasado por lo que los actos realizados por dicho ente, acusan, se encuentran fuera de norma; por cierto, dado que ya lo dicen, los acuerdos internos con los que se quieren amparar no son válidos en el terreno constitucional así lo argumentan los abogados que advirtieron el problema.
Pero no solo se trata de la operación ilegal de la Fiscalía, sino también la determinación de ocultar datos respecto a la criminalidad, atentando contra el derecho humano de acceder a la información; se han negado a contestar solicitudes de casos como el de los perros de la funcionaria titular del Instituto de la Mujer involucrados en un homicidio, las causas de la agresión con arma de fuego contra un comandante de la policía ministerial y su estado actual de salud, la detención de otros elementos de investigación, los múltiples homicidios ocurridos, en fin, la lista es interminable.
