Por Edgardo Cabrera
No hay plazo que no se cumpla y finalmente el Congreso local concretó reformas constitucionales para renovar el poder judicial de Tlaxcala, en concordancia con lo realizado en el plano federal, aunque aquí, a diferencia de los cambios en la SCJN, incluyeron en la limpia a los tribunales laborales.
La novedad, es que no hay novedad, para nadie es secreto que los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado han sido impuestos por los gobernadores y gobernadora, lo mismo que jueces, quienes terminan sirviéndoles a ellos, patrañas que le sirvan a la ley.
Hay casos, como el de Mary Cruz quien llegó tras ser propuesta por el entonces gobernador priísta Mariano González Zarur, y luego de que dejó el cargo, la magistrada se mantuvo institucional -por no decir servil- a quienes le siguieron, primero a Marco Mena y ahora a Lorena Cuéllar con quien, ya siendo presidenta del TSJE, se convirtió en comparsa en todos los eventos oficiales y políticos, cómo olvidar su presencia orgullosa y en primera fila en uno de los eventos partidistas por la celebración del triunfo electoral de Morena.
Por eso e infinidad de ejemplos más de sus nexos políticos y de cómo imparten justicia en Tlaxcala, que pierde valor el argumento de que la elección de magistrados y jueces democratizará el poder judicial, garantizará la imparcialidad de los juzgadores y que no será una sola persona la que los imponga ¡ajá!
Sin jugarle al pitonizo, no habrá ninguna limpia, más bien reacomodo de los afines, que son casi todas las magistradas y magistrados, porque, para empezar, tienen pase automático para las candidaturas que serán, ya lo verá, arrasadas por el aparato gubernamental destinado a agandallarse las nominaciones y los centros de votación, y no lo dudo, con boletas previamente marcadas en una suerte de “carrusel”, sí, igualito que los tiempos del PRI.
Iluso sería creer que el recién nombrado magistrado de Justicia Administrativa, Manuel Vázquez Conchas, esposo de la presidenta de la CEDH y hermano del diputado federal Raymundo, no ganará la elección y se mantendrá en el mismo puesto donde la gobernadora ordenó.
En el mismo tribunal está Luz María Vazquez Ávila, nombrada magistrada interina en lo que se resuelve el amparo presentado por el ex magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez por la negativa del Congreso del Estado a su ratificación, la elección ayudará a mandar al cesto de la basura la disputa legal e imponerla como ordenó la 1.
Y si volteamos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, cinco de los siete miembros del Pleno, empezando por la presidenta Anel Bañuelos, fueron impuestos por Cuéllar y su mayoría morenista, aunque a diferencia de los tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación de Arbitraje donde las 6 magistraturas serán sometidas a elección, en el Poder Judicial solamente se concursará la mitad, 3.5, algo que por cierto nos tendrán que aclarar en la convocatoria, sí serán 3 o 4, y quiénes primero y quiénes después.
La apresurada reforma, incluye ampliarles el periodo en el cargo, de 6 a 9 años, apostando así a la transexenalidad del poder de la actual mandataria, aunque, como ya vimos con el caso de una magistrada, aplicará la máxima de “muerto el rey, viva el rey”.
POR CIERTO
A colación, la presidenta del TSJE ya anda en franca campaña anticipada, nos enteramos que doña Anel afina los detalles de su informe de labores, su, de ella, no del poder judicial, el evento y el formato está orientado al culto de la personalidad y la difusión de su imagen.
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