Por Edgardo Cabrera
Lorena Ruiz, diputada reeleccionista y recientemente integrada a la bancada de Morena, quiere legislar a su conveniencia y cobrar así venganza contra periodistas que difundieron que la Fiscalía General de la República detuvo al “papá de sus hijos” (como ella lo llamó), derivado de una órden de aprehensión por su presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En septiembre pasado estalló el escándalo, medios de comunicación, incluso nacionales, difundieron el aseguramiento del sujeto identificado por la propia autoridad federal con el mote de “el paletas”, quien fue interceptado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Apizaco por tener supuestas relaciones con un grupo delincuencial.
De ese mismo hecho, en un primer momento, la diputada morenista reportó al Servicio de Emergencias 911 la supuesta privación de la libertad de su esposo por sujetos desconocidos, luego guardó silencio cuando, gracias al trabajo periodístico, se develó la verdad, incluso se conoció la causa penal que data del año 2011 por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.
Con dicho contexto, ahora la legisladora se le ocurrió presentar una iniciativa para castigar hasta con 8 años de cárcel “a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penas o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos”, ¿y su nieve?
La diputada ignora varias cosas, por ejemplo, apela a la Ley Ingrid para justificarse, sin embargo, esa reforma federal se concretó para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas de violencia, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes, castiga la difusión de material audiovisual o fotográfico que haga la autoridad. La “iniciativa paletas” quiere censurar la información.
Aún más, atenta contra derechos humanos y convenciones internacionales que garantizan la libertad de expresión, la máxima publicidad y el escrutinio a servidores públicos y representantes populares, como en el caso de Lorena Ruiz.
Si se trata de ocurrencias, al conocer la de Ruiz, un especialista en derecho y ex funcionario judicial sugirió proponer que los funcionarios públicos y legisladores cuyos familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, espos@s o cocubin@s, se vean involucrados en delitos, deban separarse del cargo o comisión en tanto se resuelva la situación jurídica de su pariente para no entorpecer la investigación o aprovechar el cargo para traficar influencias
PARA RECORDAR
En marzo pasado cuando aspiraba a la reelección, la candidata Lorena Ruiz en entrevista me aseguró que el entonces alcalde de Apizaco, el panista Pablo Badillo, protegía a un grupo delincuencia para cobrar derecho de piso. Está grabado lo que dijo a la ligera y sin pruebas.
Según su iniciativa, la legisladora debería ser detenida y castigada con hasta 8 años de prisión por exponer indicios, vale decir, nunca formalizó denuncia de su dicho.
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