Por Edgardo Cabrera
Más allá de las historias que se inventan, los datos de organizaciones civiles pusieron al descubierto otros dos graves problemas que no retratan el paraíso seguro al que supuestamente le han invertido 8 mil millones de pesos. Tlaxcala se colocó en enero con una de las mayores tasas de secuestros del país, y las desapariciones sumaron 100, solo en el sexenio de López Obrador.
En el caso de la organización “Alto al Secuestro”, en nuestra entidad se registraron tres plagios durante enero, en diciembre hubo uno, dado el número de habitantes que tenemos, la tasa se elevó a la segunda más alta del país, solo por debajo de Sinaloa.
A nivel nacional, sumaron 215 casos en el primer mes del año, y seis entidades fueron reconocidas por la organización al no registrar ningún plagio, entre ellas Yucatán y Querétaro.
Más allá de los números, para este gobierno los tres secuestrados no ameritaron el mínimo comentario del gobierno. Como suele ocurrir, este delito es eliminado del discurso que apenas la semana anterior presumió sus datos en cuanto a la disminución de incidencia delictiva.
DESAPARECIDOS
El otro gran problema, es el de las y los desaparecidos que, de acuerdo con la organización “Causa en Común”, Tlaxcala acumuló durante el sexenio de López Obrador, 100 personas ausentes, para ser precisos, es el lapso del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.
Basta revisar las fichas de búsqueda y los mensajes en redes sociales para corroborar que no hay semana en que no se reporte una desaparición que, en su mayoría, son minimizadas por las autoridad bajo el pretexto de que se tratan de ausencias voluntarias por problemas familiares.
La misma agrupación Causa en Común informó que Tlaxcala carece de una ley propia en materia de desaparición de personas, lo mismo ocurre en otras once entidades.
El asunto, como lo han denunciado organizaciones locales, es que en más de un caso las desapariciones han derivado en trata de personas con fines de explotación sexual, o en homicidios, algo que parece importarle poco al gobierno de las historias nuevas y tristes.
EXHIBIDA
¡Vaya cosa!, ante la falta de obras públicas relevantes y terminadas, este martes la gobernadora Cuéllar presumió la inauguración de un distribuidor vial que no fue construido por su administración, en una autopista concesionada a la empresa Pinfra, por cierto, con un peaje cada día más alto para los 17.5 km que abarca, y cuyo evento realizó el gobierno de Puebla.
Incluso su aparato de difusión se colgó de la transmisión mediática del gobierno vecino para propagandear la obra realizada en tiempo récord por la administración de Salomón Céspedes y la recién llegada de Alejandro Armenta. Por cierto, hablando de Pinfra, el gobernador poblano emprendió una batalla legal contra la empresa que administra seis carreteras; en Tlaxcala, “ni dios quiera” que haya pleito con ellos que gozan por 30 años de una concesión y que vence hasta el año 2045. El permiso para explotarla se los dio Héctor Ortiz en el año 2008.
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