Al hacer público el listado oficial de magistrados y jueces que van directo a la boleta, así como de las personas candidatas que pasaron la insaculación dentro del proceso electoral extraordinario en materia judicial, salieron a relucir los yerros, no sabemos si intencionales o no, sobre todo porque a quienes afecta son los que no son bien vistos por el lorenismo.
Los nombres los hizo públicos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pero en su descargo, dijeron que los publicaron tal cual se los mandó el Congreso local, aunque eso no les quita responsabilidad al no hacer evidente el error.
Fue el mal formado Comité Estatal de Evaluación quien proporcionó los nombres, el mismo que gracias a la tómbola “mágica” palomeó a decenas de funcionarios lorenistas, familiares de la casta en el poder y allegados a la oligarquía que libraron todos los filtros, incluidos el de tener experiencia profesional pese a no tener cédula o apenas haberla obtenido.
Resulta que en el más reciente tropiezo colocaron a dos mujeres en la sección de hombres de los candidatos a los Juzgados en Materia Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se tratan de Claudia Pérez y Rossana Rubio, la primera, juez en funciones, ex diputada federal morenista y ex candidata a la alcaldía capitalina del PAN, mal vista por el lorenismo porque se reveló y no alineó.
Ese detalle pone en duda que se trate de un “error” involuntario, es mucha casualidad, como también “casual” que saliera su nombre en aquella tómbola virtual que le puso el dedo a juzgadores que fueron sometidos de forma obligada a la elección de este año.
¿ÚLTIMAS CONSECUENCIAS?
Luego de que estallara la semana pasada un escándalo político, uno más, que involucró al primer regidor capitalino, Alejandro Alonso evidenciado por golpear a su esposa, las instituciones y el partido Morena siguen a prueba, no es lo mismo el discurso y los compromisos a favor de las mujeres, que dar resultados.
No todo puede quedar en que se separó del cargo por medio de una licencia de carácter indefinido, sino que ahora el asunto está en el terreno de la Fiscalía General de Justicia del Estado que tiene en su manos está papa caliente.
Así como ha presumido en boletines la detención de agresores e incumplidos de obligaciones alimentarias, el viernes informó por medio de un comunicado de prensa que se inició una investigación y que llegarán “hasta las últimas consecuencias”, ¿cuáles serán esas?, de pasó, no podía faltar, ensalzaron su labor al decir que están “comprometidos en atender los asuntos de género”, y presumieron su recién creada fiscalía especializada en la materia.
Veremos si realmente cumplen lo que dicen, porque se les olvidó, convenientemente, un pequeño detalle, este caso no es nuevo, hay como antecedente dos denuncias que datan del año 2022 contra el morenista, cuando se desempeñaba como directivo de Cobat, y quien su esposa lo acusó también de violencia, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado no hizo nada.
Por cierto, en Morena, partido que abanderó al regidor agresor, qué hará, ¿lo expulsarán?, o lo mantendrán en su registro, no olvidemos que andan en plena integración de su padrón.
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