CULPABLE: “EL PUEBLO”
Por Edgardo Cabrera
Abril se convertirá en el mes de los linchamientos y las catástrofes ecológicas. El día 1 en San Miguel Xochitecatitla, municipio de Natívitas, el “pueblo” hizo justicia por propia mano y privó de la vida a un hombre acusado de levantar y abusar sexualmente de una niña que esa mañana iba a la primaria, el juicio popular fue rápido: detuvieron al supuesto agresor, lo sentenciaron a muerte y ejecutaron la pena, todo antes del mediodía.
A este hecho siguieron al menos otros cinco intentos en los municipios de San Pablo del Monte, allá, padre e hijo fueron rescatados tras ser acusados de hostigar a mujeres; en Papalotla otro sujeto fue sorprendido intentando robar una motocicleta; en Tlaltelulco una pareja, hombre y mujer, fueron retenidos por pobladores acusados de robo a casa habitación; en Tenancingo otro hombre estuvo a punto de ser linchado tras ser señalado de intentar robar un auto; y en Teolocholco un menor fue “capturado” por robo.
La constante en todos los casos es que ocurrieron en el sur del estado y el gobierno presumió, como les encanta, la aplicación de protocolos anti linchamientos, cuando lo que tendrían que estar haciendo es garantizar la seguridad e impartición de justicia, ese es el fondo, la gente está harta de su incompetencia y han decidido tomar venganza.
Por cierto, ante las torpezas e impunidad, de nueva cuenta le exigieron al secretario Marrufo que rinda cuentas y que pague por el linchamiento de dos policías estatales en Zacatelco hace un año, precisamente los familiares de uno de ellos publicó en redes sociales su malestar por lo que califican de una negligencia.
CULPABLES
Por cierto que el lunes la gobernadora Lorena Cuéllar responsabilizó al “pueblo” de exigir seguridad pero no “apoyar”.
La mandataria equivoca el destinatario de su mensaje, lo hemos dicho y lo reitero, los ciudadanos vivimos en la zozobra y a merced de la delincuencia, esa que según no existe, ¡o bueno!, casi no hay porque vivimos con el discurso del estado más seguro por parte del gobierno de las camionetas blindadas para la casta privilegiada.
Según el INEGI, por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, los delitos y la inseguridad costaron el año pasado 4 mil 300 millones de pesos a los tlaxcaltecas, lo doble que en 2022, y el 30.5 por ciento de los ingresos de los hogares se destinaron en medidas preventivas como cambiar cerraduras, colocar rejas o bardas, cambiar puertas o ventanas, comprar un perro guardián y realizar acciones vecinales, eso no es “apoyar”.
El mentado chip de Repuve es tan inservible, como que fácilmente es despegado de los parabrisas por los delincuentes y en los reportes de emergencia nunca hay lecturas de paso por arcos detectores de las unidades robadas. Más que culpar al pueblo ó a los medios, la gobernadora Cuéllar debe dejar de solapar a sus nefastos, patéticos y mitómanos funcionarios, ¿cuándo la escucharemos exigiéndoles cuentas y despidiéndolos?
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