- Tlaxcala es el primer lugar en víctimas de trata a nivel nacional con 24.49 mujeres tratadas por cada 100 mil habitantes mujeres, superando por mucho a la ciudad de México donde existen 4.89 casos de mujeres tratadas por cada 100 mil habitantes mujeres.
- Organizaciones de la Sociedad Civil solicitarán que la CONAVIM haga público el mecanismo con el que dará seguimiento, para que el gobierno estatal cumpla a cabalidad las recomendaciones pendientes y actuales.
Desde hace más de 10 años, el estado de Tlaxcala ha sido visto nacional e internacionalmente como un territorio desde el que operan redes de tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Lo anterior es constatado en diversos diagnósticos públicos de carácter nacional e internacional que plantean que Tlaxcala es un punto claro de las rutas de Trata. Entre otros, destacan el Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de Personas en México (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014) y el Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013).
De acuerdo a datos publicados por el diagnóstico de la CNDH, Tlaxcala está ubicada como el cuarto estado con más víctimas de este delito en el país, si se considera el número total de casos por entidad federativa. Sin embargo, Tlaxcala se convierte en el estado con mayor incidencia de este delito en todo el país si relacionamos el número de casos como proporción de la población total: esto quiere decir que mientras que en la Ciudad de México existen 3.86 personas víctimas de este delito por cada 100 mil habitantes, en Tlaxcala la tasa asciende a 12.65 víctimas por cada 100 mil habitantes, es decir 4 veces más. Además, la situación empeora en Tlaxcala cuando hablamos de la incidencia del delito en relación con la población femenina, puesto que, mientras que en la Ciudad de México existen 4.89 casos de mujeres tratadas por cada 100 mil habitantes mujeres, en Tlaxcala la cifra se dispara a 24.49 mujeres tratadas por cada 100 mil habitantes mujeres, debido al hecho de que la totalidad de los casos reportados de trata en Tlaxcala son mujeres. Sumado a lo anterior hemos visto como en el estado continúan ocurriendo casos de mujeres asesinadas por razones de género y niñas desaparecidas.
El gobierno es responsable de que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se haya agravado en nuestro estado, ya que de 2008 a 2014 pasó de 23 a 35 municipios. Los sucesivos gobiernos municipales y estatales han sostenido la necedad de minimizar la problemática, de no reconocerla en su justa dimensión y de no actuar integralmente con acciones reales, omitiendo la responsabilidad legal que ―desde 2011― le impuso la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas (en adelante, Estrategia Estatal contra la Trata), así como su Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas (2012). Consecuencia lógica de esta sistemática negación, minimización y simulación es que la sociedad civil se vio forzada a solicitar la Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala ante las autoridades del orden federal.
La emisión del Informe del Grupo de Trabajo responsable de dar seguimiento a la Solicitud de la Alerta de Violencia de Género, comprobó las serias deficiencias que existen a nivel institucional para enfrentar la violencia sexual y la trata de mujeres. Demostró que en la administración de Mariano González Zarur, a pesar de contar con leyes y políticas públicas diseñadas ex profeso para enfrentar la problemática, nunca se quiso actuar, ni siquiera para desarrollar capacidades en sus funcionarios y funcionarias; tan es así, que gran parte de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo fueron dirigidas en el sentido de la necesidad de capacitar a las autoridades en cuestiones tan básicas como la atención inicial y el cumplimiento de protocolos mínimos para las víctimas de violencia hacia las mujeres y trata de personas. Debido a esto el actual gobierno se vio obligado a iniciar la aplicación de algunas acciones establecidas desde 2011 en la Estrategia Estatal contra la Trata. El gobierno del estado, de acuerdo al dictamen, reportó haber gastado alrededor de 15 millones 404 mil 922.2 pesos en capacitación, adecuación, equipamiento y operatividad de los Centros Justicia para las Mujeres; además de reportar un mil 769.2 millones gastados del presupuesto local para la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones estatales. Pese a ello, el actual dictamen y su resolutivo emitido en días pasados, deja claro que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez realizó las acciones con serias deficiencias, algunos ejemplos son los siguientes:
- Se señala de manera enfática que “el diseño de la campaña no debe concebirse únicamente con base a los aspectos que aludan a la mercadotecnia, para posicionar una marca o para dar a conocer la intención del gobierno en relación a la problemática”.
- Para la capacitación respecto a la norma 046, el lugar de procedencia del personal solo fue de 4 de los 13 municipios señalados en la solicitud de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género.
- Los números reportados de las personas que asistieron a capacitación no coincide con las listas de asistencia. En uno de los indicadores reporta que asistieron 420 personas y en listas sólo aparecen 330.
- Se advirtieron imprecisiones conceptuales de equidad e igualdad en la campaña.
- El diagnóstico Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala una mirada integral, no cuenta con los elementos para crear una política pública de gobierno, “de hecho no cumple con los referentes a la identificación de víctimas y victimarios”.
Además el dictamen es enfático en señalar que no se alcanzó el cumplimiento cabal de las recomendaciones, ya que las 9 propuestas planteadas por el Grupo de Trabajo se consideran “en proceso de cumplimiento”. Algunos de los pendientes gubernamentales son:
- Capacitación sobre masculinidades no violentas al personal directivo y operativo de las instancias gubernamentales.
- Procedimientos claros que permitan medir el impacto de todas las capacitaciones.
- Garantizar la asignación de presupuesto suficiente que permita la adecuada ejecución del Programa Estatal de Capacitación 2017-2021.
- Publicar la información estadística respecto a la violencia contra las mujeres en noviembre del año en curso, a través de un Banco Único de Datos sobre Violencia contra las Mujeres.
- Capacitar al personal de las Unidades Médicas Móviles al ser el primer contacto de las víctimas de violencia.
- Dar certeza jurídica al Protocolo Unificado en materia de Género y capacitar al personal.
- Implementar la Alerta Alba, que permite la búsqueda de mujeres adultas y niñas.
- Conformar lineamientos sobre la reglamentación y funcionamiento de los albergues y refugios.
- Concluir modelos de atención para el Centro de Justicia para las Mujeres.
- Realizar evaluaciones semestrales de impacto para conocer el avance en el logro de los objetivos de las campañas.
- Informar sobre rutas claras de acceso a la justicia, no basta la referencia del número 911 y dar a conocer la responsabilidad de las instancias de gobierno.
- Rediseñar la campaña “Juntos contra la violencia hacia las mujeres” para que sus contenidos busquen atender al contexto de violencia que afecta y violenta los derechos de las mujeres del estado. “Campañas que vayan más allá de una marca y que encamine los esfuerzos gubernamentales a proporcionar información oportuna y clara que brinde herramientas a las mujeres para identificar situaciones de violencia, qué hacer y a dónde acudir en caso de ser víctima del delito de trata de personas”. Incorporando transversalmente la perspectiva de derechos humanos y género.
- La integración y evaluación de una política educativa para el ciclo escolar 2018-2019, en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de personas, que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla.
- Crear una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y dotarle de ministerios públicos y policías ministeriales especializados suficientes, así como los recursos humanos y materiales necesarios.
- Emita un Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos Delitos, diseñado con base en los principios internacionales en la materia y tomando como referencia las mejores prácticas.
A pesar de que a criterio del Grupo de Trabajo no se debe emitir la Alerta de Violencia de Género, se señala claramente la necesidad de ampliar la acción gubernamental para enfrentar el delito y se deja en claro que es necesario implementar medidas de carácter estructural, lo que rebasa el estricto ámbito del mecanismo de solicitud de Alerta de Violencia de Género. En este sentido, consideramos un error que el gobierno del Estado de Tlaxcala base su actuación y uso de recursos en responder de manera parcial incluso a las recomendaciones del grupo y en no implementar como eje rector la política pública contenida en la Estrategia Estatal contra la Trata, como se le ha exigido durante los últimos seis años.
Por lo anterior demandamos que:
- El gobierno del estado reconozca la gravedad de la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y deje de minimizar y simular ante esta problemática. No es un municipio ni trece, es más de la mitad del territorio estatal afectado por esta problemática.
- Haga público el informe enviado a la CONAVIM, pues lo ha reservado por un año para impedir que sea conocido y consultado por la opinión pública. Este hecho reproduce prácticas del gobierno anterior y contradice el llamado que el mismo dictamen hace de que exista transparencia plena en las cifras e informes.
- Subsane cabalmente todos y cada uno de los señalamientos hechos por el Grupo de Trabajo en el Dictamen y en el documento Resolutivo.
- Que el Programa Estatal contra la Trata que le recomienda el grupo de trabajo, tenga como base la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, aprobada desde 2011, para que realmente lleve a cambios estructurales.
- Demuestre el impacto que las acciones gubernamentales tienen en la problemática concreta.
- Que la CONAVIM haga público el mecanismo con el que dará seguimiento, para que el gobierno estatal cumpla a cabalidad las nuevas recomendaciones y pendientes señalados en el Dictamen.
- Que el mecanismo contemple informes periódicos de las acciones del gobierno del Estado, que estos sean públicos y que incluya la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de dichos informes.
- Que el gobierno cumpla su obligación establecida en la legislación estatal, nacional e internacional para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia y de explotación sexual.
¡Nos queremos libres de trata!
Atentamente Organizaciones impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y niñas: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Centro de Economía Social Julián Garcés, A.C.; Pastoral Social de Zacatelco, Pastoral de Derechos Humanos Diócesis de Tlaxcala; Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Género; 1, 2, 3 por ti, por mí y por todos A.C.; Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar de Atlihuetzian; Comité de Derechos Humanos “Los Jicotes” de Xicohtzinco; Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz de Evangelio de San Juan Huatzinco; Comité de Derechos Humanos Semillas de Esperanza de San Rafael Tenanyecac; Comité de Derechos Humanos San José de Nanacamilpa; Santiago Fe y Obras de Santiago Michac, Red de Jóvenes en Defensa de os Pueblos, Coordinadora Por un Atoyac con Vida.
