Integrantes de la COMECOT ratificaron la denuncia de Juicio Político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Víctor Manuel Cid del Prado Pineda ante el Congreso de Tlaxcala.
Una vez que fue definida la fecha de ratificación por la encargada de la Secretaría Parlamentaria, Maricela Martínez, de manera formal la tarde de este miércoles fue confirmada la denuncia en todos sus aspectos.
Del Prado Pineda fue denunciado derivado de hechos probables hechos constitutivos de responsabilidad y delitos sancionados por el Código Penal, derivado de que ha incurrido en una serie de acciones contrarias a la Constitución del Estado y sus leyes reglamentarias.
El presidente de la CEDH, Del Prado Pineda tiene a su hija dentro de la nómina del TSJE desde el año 2019 y fue elevada de categoría cuando Mario Jiménez fue presidente del Poder Judicial; ante lo que pudiera considerarse un claro conflicto de intereses e incluso pago de favores, el funcionario mandó a archivar una solicitud de queja mediante la cual se le solicitó iniciar un procedimiento de investigación.
Lo anterior, también se derivó porque se negó a actuar ante una solicitud de queja mediante la cual se le solicitó iniciar un procedimiento de investigación respecto del comportamiento del magistrado Mario Jiménez quien fue demando penalmente por abuso de autoridad y acusado de atentar contra los derechos humanos de libertad de expresión y derecho a la información, luego de promover una demanda civil contra dos periodistas que hicieron pública una grabación que da cuenta del reparto discrecional de recursos públicos, de lo cual el juzgador admitió que es su voz y nunca solicitó derecho de réplica ante la información.
“El hoy titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, fue evidenciado por un claro tráfico de influencias, ya que a su hija de nombre Vanessa Cid del Prado Pineda Hernández, sin cumplir con los requisitos de elegibilidad y procedimiento de contratación, fue acomodada como servidora pública del Poder Judicial del Estado…”, desde el año 2019 y elevada de categoría a la llegada de Mario Jiménez a la presidencia del TSJE se detalla en el juicio promovido.
Dentro de la denuncia presentada la tarde del pasado lunes ante la Secretaría Parlamentaria, se explicó a los diputados que el ombusperson ha incurrido en una serie de actos u omisiones que han causado perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública.
Por lo que, sus acciones son probables para fincar responsabilidad debido a que «ha incurrido en la violación a los derechos humanos de manera reiterada, el probable desvío de recursos públicos, la violación sistemática o grave a los planes, programas y presupuestos que tiene asignado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Además de ello, porque se estima que Del Prado Pineda contraviene disposiciones expresas de la Constitución local, y a sus propias leyes internas del Organismo Garante de Derechos Humanos, causando un perjuicio grave a la sociedad tlaxcalteca en la promoción y defensa de los derechos humanos, y por trastornar el funcionamiento normal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala…», refiere parte del Juicio Político promovido.
Además de ello, el presidente de la CEDH quien en la actualidad ha sido más conocido por sus escándalos que ha sorteado, de probable acoso laboral, componendas para colocar a sus primogénitas en puestos públicos, posible desvío de recursos, viajes al extranjero, al interior del país sin sustento y de placer que no abonan en nada a una política pública de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
Además, existe un factible desvío de recursos públicos, pues como fue del conocimiento del Congreso local, y así fue aprobado por la actual Legislatura, la Cuenta Pública de la CEDH fue reprobada en su ejercicio fiscal 2018.
Por si fuera poco, la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2019 también tiene sentido reprobatorio ante la Comisión de Fiscalización y Fianzas del Congreso local, y el daño patrimonial a la hacienda pública asciende a 1 millón 102 mil 994.04 pesos.
Fuentes consultadas al interior del Congreso local, informaron que el informe de resultados de las auditorias que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el ombusperson también incurrió en probable desvío de fondos públicos por segundo año consecutivo.
—-
