Se trata del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quien se resiste a abandonar el cargo que ostenta desde hace 12 años, al vencerse el plazo por el que fue ratificado por 6 años más el próximo 3 de marzo.
A través de una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura local, Patricia Jaramillo Garcia, el propio magistrado integrante de la Sala Penal y Especializada en Administración de la Justicia para Adolescentes, asegura que adquirió la inamovibilidad judicial derivado de un error de procedimiento parlamentario hace 6 años -en el 2014-, fecha en la que fue ratificado por 6 años adicionales al primer periodo por el que fue electo magistrado en el 2009.
En su explicación de 18 fojas, el magistrado de plazo por cumplir alegó la inamovilidad, aunque parece contradecirse en su argumentación, ya que a su juicio la LXI Legislatura, a través de la Comisión Especial que lo evaluó, emitió un primer dictamen en el sentido de no ratificarlo.
Detalló con copias certificadas y hasta notariadas, que en esa sesión iniciada el 2 y concluida el 3 de diciembre del 2014, el dictamen sometido a votación para no ser ratificado fue con 10 votos a favor y 22 en contra; es decir, que 22 diputados -en ese entonces- estaban a favor de su ratificación.
No obstante, 6 años después el actual magistrado cuestionó que los exdiputados violaron el proceso legislativo ya que el dictamen debió ser regresado a la Comisión Especial que lo evaluó para modificar el dictamen que lo ratificaba en el cargo con 22 votos y ahí señalar el periodo por el cual era ratificado.
Jiménez Martínez señaló qué, como no ocurrió este proceso jurídico los diputados otorgaron la inamovibilidad judicial, al dejarle la libertad en la designación del cargo público sin temporalidad.
Sin embargo, el mismo magistrado que reconoció el error legislativo y que pese a ello ocupó el cargo de magistrado durante 6 años más, tácitamente consintió el proceso jurídico ya que en ningún momento impugnó el acuerdo en tribunales, tanto locales como federales, si fuere el caso.
No obstante a ello, señaló que no le otorgaron temporalidad en el dictamen de no ratificación aprobado, pero luego hace referencia a que la Constitución local sí contempla que los magistrados durarán en su encargo 6 años y podrán ser ratificados -por un periodo igual-; inclusive, ratificó su dicho en el mismo escrito que la Constitución federal también establece que la determinación de los plazos de duración en el cargo de los magistrados de los tribunales locales serán determinados por la Constitución local, que refiere es de 6 años.
Por si fuera poco, el 4 de diciembre del 2014 que fue notificado por el Congreso local sobre su ratificación en el cargo por el periodo del 4 de marzo del 2015 al 3 de marzo del 2021, incluso así se publicó en decreto del Periódico Oficial número 49 de diciembre del 2014, y no propcedió juridicamente.
Pese a esa publicación el magistrado tampoco promovió algún recurso legal pese a que él advertía saber del error legislativo y guardó silencio y en consecuencia le precluyó el derecho de controvertir su ratificación como magistrado con errores de procedimiento legislativo.
Derivado de esta interpretación, el magistrado que se ha visto envuelto en una serie de señalamientos de activistas nacionales como Rosi Orozco, sobre la modificación de sentencias, advirtió que él no ha solicitado al titular del poder Ejecutivo envié la terna que lo supla en el encargo y no lo hará derivado de que no existe motivo para removerlo de la magistratura que actualmente ostenta en la tercera ponencia.
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