Se les fue una semana más y con la que corre les restan solo 12 días para que el Congreso local cree la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia que, por ley, deberá entrar en operaciones el 1 de agosto, ambos plazos son improrrogables, advierte el decreto 344 publicado el Periódico Oficial el 21 de mayo.
Sin embargo, luego de las desafortunadas declaraciones del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, donde mostró ignorancia en los términos establecidos por los legisladores locales, se anticipa una mudanza mal hecha, sobre las rodillas y con más dudas que certezas.
Quizá, también, estemos ante la posibilidad de que, sin llegar a los plazos, el legislativo local se vea obligado a corregir los tiempos para la implementación de la reforma y la desaparición de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el ahijado de la gobernadora y segundo al mando del gobierno imaginó tres años para la implementación.
Ese plazo de 36 meses sería apenas suficiente para alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por el legislador, bajo dictado del despacho de la mandamás. De entrada, permitiría cumplir con la realización de exámenes de oposición para contratar a los empleados de la FGJE, y el curso intensivo de cinco meses de capacitación, como se establece en la reforma.
Pero no es lo único, presupuestalmente, no hay recursos previstos para aplicar la evaluación de los cientos de aspirantes y empleados actuales que quieran permanecer en sus puestos, tampoco hay partida para liquidar a los que no cubran los nuevos perfiles y menos hay dinero para cambiar toda la identidad gráfica, no solo es la fachada del inmueble y sus vehículos, hablamos de papelería, sellos, credenciales, placas, y una larga lista más.
El ejecutivo sigue sin mandar al legislativo la terna de prospectos para ocupar el puesto de Fiscal, y en la procuraduría no hay noticias de la renuncia de Ernestina Carro para que entre a la competencia por la posición, si bien será un proceso simulador y amañado, hay requisitos básicos que debe cumplir, uno de ellos, que la aspirante no sea funcionaria en labores.
Por lo pronto, en una muestra de su desdén, en el Congreso pierden el tiempo con nimiedades como aquello de poner y develar letras doradas en el muro del salón de plenos, como ocurrió el lunes con el IPN, todo y con tal de que la institución devuelva la señal del canal 10.1 que dejó perder el gobierno de Tlaxcala por negligencia de quien sigue cobrando como titular del sistema.
LUCHA EN TRIBUNALES
A otro que se le agota los plazos de forma acelerada es al Tribunal Electoral de Tlaxcala, para resolver las impugnaciones promovidas por la elección del pasado 2 de junio, la mayor presión la tienen en el caso del distrito 15, y la distribución de diputaciones plurinominales donde el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dejó fuera Morena del reparto.
En el caso de la diputación local por el distrito cuya cabecera es San Pablo del Monte, la diferencia entre Morena y Movimiento Ciudadano es de apenas una decena de votos, y según la impugnación promovida por el partido naranja, hay elementos para darle la vuelta al resultado, de resultar así, el partido oficialista no perdería nada, por el contrario, lograrían la entrada de Marcela González como plurinominal y quitarían una de las dos curules por la vía cómoda que obtuvo el PT, bajo este escenario gana la mandamás, al meter a quien le ha dado resultados en el Congreso, pero también, al despojar del escaño a la matriarca de los caciques de Texoloc que buscan inmunidad para los hijos Covarrubias, al tiempo, tic tac.
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