Por Edgardo Cabrera
A un mes de que arranquen campañas los candidatos a jueces y magistrados locales, no hay la menor intención que pidan licencia los que están en funciones y fueron obligados a competir, además de que la endeble ley no considera la prohibición para que se separen del cargo.
Depende del lado que se mire esto tendrán doble consecuencia. Para el caso de las y los jueces candidatos, así como los y las magistradas, estarían en el supuesto de competir bajo condiciones inequitativas frente al resto de los aspirantes, pero también, existe el riesgo de que en su calidad de juzgadores en funciones boicoteen a sus subordinados que buscan sustituir a su jefa o jefe tras pasar los filtros y registrarse en la contienda judicial.
Hay más de un caso en el que personal de un juzgado le compite a quien está en funciones y también es candidato, lo mismo ocurre con las magistraturas, tanto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como de los tribunales laborales, ¿ante qué estamos?, claramente, un auténtico estercolero. Bastará que un jefe niegue permisos a su subordinado contendiente o le cargue la mano con el trabajo obligándolo a trabajar horas extras para sacar proyectos.
¿En qué momento podrá hacer campaña?, si en más de un asunto los empleados judiciales tienen que emplear tiempo extra para concluir expedientes porque se les agotan plazos legales.
Del lado opuesto, magistrados y jueces nunca pidieron ser candidatos en una elección, fueron seleccionados por aquella tómbola virtual mágica, pero no olvidemos que sus nombramientos se obtuvieron producto del anterior sistema que incluyó constantes capacitaciones para escalar en el poder judicial, de ahí que: ¿por qué deben renunciar anticipadamente?, ¿de qué van a vivir?
Mientras las dudas crecen y la ruta es la de una elección plagada de anomalías e inconsistencias con tal de imponer a los afines y allegados, el Instituto Tlaxcaltecas de Elecciones es el gran ausente, no hablan, no comunican, es más, ni ellos entienden lo que está pasando, ya se tardaron en emitir lineamientos y socializarlos entre los ciudadanos y candidatos, pero también están ausentes de la fiscalización, que es su obligación de acuerdo a la reforma en esta materia, y el despilfarro de recursos es descarado por parte de algunos, incluidos funcionarios estatales que también son candidatos y promovidos desde el poder Ejecutivo, con recursos públicos.
PLAGADOS DE ERRORES
Ahora bien, en descargo del ITE, se puede entender su ausencia comunicativa y de tareas fiscalizadoras ante el cúmulo de errores en los que incurrió el Comité Estatal de Evaluación que, por cierto, sus miembros cobraron por un trabajo que ahora sabemos estuvo muy mal hecho.
Hasta la semana pasada se habían identificado diferencias en los nombres de los cargos por el que postulan candidaturas señaladas en la convocatoria, el listado, equivocaron apellidos y hasta géneros, también pusieron en donde no debían a aspirantes que se manifestaron por otro puesto.
También existe documentación ilegible, cartas inexactas o imprecisas de algunos aspirantes donde manifiestan el cargo al que aspiran, bueno, incluso no se detalla el poder del Estado que postula cada una de las candidaturas remitidas en el listado. A cuentagotas, el Congreso local ha ido corrigiendo.
Vaya problemon que nos cuesta 70 millones de pesos del erario. Pobre Tlaxcala, pobre sistema de justicia.
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