Es un asunto patológico, las mentiras como política pública proliferan en el discurso y las entrevistas, resulta que la mandamás admitió el lunes que, de forma unilateral, entregó la frecuencia de Radio Altiplano, que incluye el uso de bienes muebles e inmuebles públicos, a El Heraldo y aseguró que fue por el lapso de 1 año y no descartó la misma suerte para la televisión.
Con documentos en mano quedó en evidencia que no dijo la verdad, el contrato avalado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue otorgado por 2 años a la empresa GA Radiocomunicaciones S.A de C.V., la misma que comenzó con su explotación comercial en los primeros minutos del sábado.
En una muestra de ignorancia, aseguró que “todo seguiría igual en la estación”, que no habrá recortes, ¡que alivio y cuanta bondad de su parte!, además expuso que el trato fue para proyectar a Tlaxcala con la gran audiencia del medio propiedad de la familia Mieres. Que alguien le explique que no se va a proyectar nada, Altiplano es una vil repetidora de la programación y siquiera mencionan sus locutores a la entidad, es más, ni sus boletines los pelan.
Para rematar, la mandamás dijo que no hubo ningún pago, fue algo así como la entrega de “cuates”, pero luego de ver el documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones donde se estipula el plazo del contrato, queda claro que en eso también engañó. Suponiendo. sin conceder, si fue un “favor”, a cambio de qué y por qué entregar a un privado un bien público, nada es de gratis, y ella lo sabe muy bien; como seguramente hay un compromiso económico, tiene que transparentar qué recibe el estado: publicidad, notas pagadas, entrevistas a modo, dinero, en fin.
SÍ ES PRIVATIZACIÓN
A colación, la protagonista de la Triste Historia negó que se trate de la privatización de la radio, pero de nueva cuenta hubo quién le corrigiera la plana. Resulta que el director general de Asuntos Jurídicos y Transparencia del SPRMexico, Salvador Hernández consideró lo contrario, expuso que en los hechos sí es así por el mero hecho de la explotación con fines de lucro de la frecuencia por un consorcio mediático.
En entrevista con Canal Once, advirtió que lo que pasó en Tlaxcala con Radio Altiplano “marca un precedente muy lamentable en los medios públicos…, sí se puede considerar una privatización”, ya que pasó de tener un fin público a un interés comercial y privado, no solo eso, dijo que el gran perdedor es la audiencia porque siquiera fueron consultados.
POCOS Y AL VOLI
La semana pasada el INEGI puso al descubierto la raquítica protección que tienen los ciudadanos al revelar que la fuerza policial del estado es de mil 984 elementos, aunque ese mismo estudio realizado en 2022 dio cuenta que no todos son uniformados de campo.
Resulta que solo son mil 77 los policías que realizan tareas de prevención, reacción, investigación y proximidad social, el resto, se trata de personal administrativo o plazas que detentan en otras áreas de la administración pública como en el mentado C5i, Protección Civil y hasta como custodios personales o aviadores.
Pues, si eso es preocupante, durante el voleibol playero esa raquítica fuerza será destinada a un amplio operativo a proteger a los turistas, jugadores y su equipo, protegerlos de las manifestaciones, el resto de los simples mortales a rascarse con sus propias uñas. Luego no se explican por qué somos de los estados con mayor número de linchamientos.
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